Los supuestos relacionados con Derecho de Familia y, en concreto, con las consecuencias de una separación o divorcio, suelen generar una casuística tan variada como las sentencias que existen sobre ellos. Es natural teniendo en cuenta que cada situación es un mundo y está impregnada de pequeños detalles que la hacen única, por lo que los jueces -y los abogados- se esfuerzan por crear soluciones a medida. Éstas, eso sí, se basan siempre en el mismo espíritu o principio inspirador, si bien a medida que avanza la sociedad lo hace también la ley y el criterio interpretativo de los jueces. Hoy analizamos un caso que, por muchos motivos, supone una novedad importante para las familias, y que tiene que ver con la pensión compensatoria y la dependencia de una de las partes de la pareja del sueldo que obtiene como empleada de su expareja.Esta sentencia llega en un momento en el que el debate acerca de la igualdad de género está más candente que nunca. En este caso, se crea una posición legal relacionada con los desequilibrios económicos fruto del matrimonio y cómo se compensan éstos en caso de ruptura.
Pensión compensatoria y dependencia del sueldo pagado por el exmarido
Lo primero es aclarar que, cuando hablamos de pensión compensatoria, nos referimos a la que recibe uno de los cónyuges por parte del otro en caso de que la separación o el divorcio le haya producido una situación de desequilibrio económico en relación con la posición del otro. Es decir, que económicamente su situación haya empeorado respecto a la que tenía durante el matrimonio.
En este sentido, la sentencia que hoy comentamos, dictada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, resuelve admitiendo que el sueldo de una empresa familiar –en este caso, de la empresa del exmarido- puede convertirse en pensión compensatoria en caso de ruptura del matrimonio, de forma que, en este caso, la mujer que sea despedida por su marido pueda mantener los mismos ingresos.
Se trata, en concreto, de una sentencia que hace referencia a un caso en el que una mujer presentó una demanda de divorcio contra su marido -siendo ésta trabajadora de la empresa propiedad de su pareja-, solicitando una pensión compensatoria de 500 euros al mes a su favor. También solicitó que, en caso de que fuera despedida o viera reducido su salario en la empresa, su exmarido tuviera que abonarle la cantidad que ésta dejara de percibir, hasta completar la cantidad que recibía de su parte, es decir, 1.900 euros.
El criterio del marido: no perder de vista la causa del desequilibrio
La primera sentencia dictada no reconoció a la mujer este derecho, pero sí la dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid. Su exmarido recurrió en ese caso apuntando lo injusto de, a su juicio, establecer una medida como la adoptada -pensada a largo plazo- sin tener en cuenta que el desequilibrio que debe corregirse con la pensión compensatoria es el provocado por la ruptura del matrimonio, y no el provocado por, por ejemplo, un hipotético despido en el futuro.
En concreto, la defensa del marido critica que la sentencia de la Audiencia Provincial concede a la esposa “de una forma preventiva o condicionada una pensión compensatoria de futuro sin cuantificación económica, en razón a una hipotética pérdida de trabajo en la empresa de su esposo tras la ruptura matrimonial”.
Se argumenta también por parte del propietario de la empresa que “es cierto que la esposa puede quedarse sin trabajo, pero también lo es que puede encontrar un nuevo empleo, y que la sociedad de su marido puede verse también afectada por la crisis económica, colocándole en una situación de desempleo. Situaciones indeseadas pero reales que obligarían a replantear la situación conyugal en unas condiciones distintas”. “Si ello ocurriera (…), el desequilibrio que hipotéticamente podría producirse no tendría lugar como consecuencia del desequilibrio producido por la ruptura matrimonial, sino que vendría provocado por el despido posterior”, mientras que “el desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial”.
La defensa del marido sigue argumentando que, a partir de la ruptura, “se desvinculan los patrimonios de uno y otro cónyuge, a expensas de lo que resulte de la liquidación de la sociedad conyugal y, en su caso, de la modificación o extinción de las medidas que pudieran haberse acordado en el momento del divorcio. Lo demás supone mantener tras la ruptura una vinculación económica entre cónyuges distinta de la que la ley autoriza, y, propiciar, en definitiva, una suerte de problemas añadidos y en ningún caso deseables […]”
El criterio del Supremo: evitar que la mujer dependa de la voluntad de su exmarido
La Sala considera, al contrario, que, aunque con carácter general el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe de existir en el momento de la separación o del divorcio -y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión cuya procedencia no se acredita cuando se produce la crisis matrimonial-, “en una situación como la aquí descrita, donde los únicos ingresos de la esposa proceden del trabajo que actualmente desempeña en una empresa regida por el esposo, esta doctrina debe ser mitigada”.
Así, según el Tribunal Supremo, por la misma razón que cabe un juicio prospectivo de futuro que prevea la finalización del desequilibrio en un determinado momento, también es posible en casos como este hacer el juicio prospectivo inverso, esto es, cuándo se empezará a producir el desequilibrio cuando los ingresos de la esposa pueden pender exclusivamente de la decisión unilateral del esposo de hacer desaparecer la fuente de ingresos de ésta.
De esta forma, la cantidad en que se valora el desequilibrio es, en realidad, 1.900 euros mensuales; cantidad que no ha de desembolsarse en la actualidad por el obligado como pensión por desequilibrio precisamente porque la percibe la esposa por su trabajo, pero sí habrá de abonarse íntegramente en el caso de que finalice la actual relación laboral, por causa no imputable a ella.
Todo ello, finaliza la sentencia, sin perjuicio de la posibilidad siempre presente de modificación o extinción posterior de la medida por alteración de las circunstancias que ahora se tienen en cuenta.
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